Luchamos contra el crimen, no contra las comunidades
Florida puede ser más segura para todos sin dejar de ser justa para todos.
La campaña propone que Florida sea más segura sin comprometer la justicia, rechazando la falsa elección entre seguridad y equidad. El plan promueve la policía comunitaria con control local, donde las ciudades y condados diseñan sus propios programas según sus realidades. Busca corregir las disparidades en detenciones y sentencias que afectan desproporcionadamente a comunidades de color e inmigrantes, aplicando la rendición de cuentas de manera igual para todos sin criminalizar vecindarios enteros.
La seguridad pública no es una guerra contra los vecindarios.
Familias trabajadoras de toda la Florida merecen calles seguras. Merecen escuelas seguras. Merecen saber que sus hijos pueden caminar por el barrio sin miedo.
Pero también merecen algo más. Merecen saber que el sistema de justicia está ahí para protegerlos, no para criminalizarlos. Que la policía es parte de la comunidad, no un ocupante. Que romper la ley tiene consecuencias, pero que el color de tu piel o el lugar de donde vienes no determina cómo te trata el sistema.
La seguridad pública y la justicia no son opuestos. Son inseparables. Una Florida más segura tiene que ser una Florida más justa.
Las disparidades en la justicia criminal no son accidentes.
Las comunidades de color y las comunidades de inmigrantes en la Florida enfrentan índices desproporcionados de detenciones, condenas y sentencias más largas por los mismos delitos que otros cometen sin las mismas consecuencias.
Eso no es justicia. Es un sistema quebrado.
Cuando las familias ven que la ley se aplica de manera diferente según el código postal o el apellido, pierden la confianza. Y cuando se pierde la confianza, todos perdemos.
La Florida puede corregir estas disparidades sin comprometer la seguridad pública. Puede responsabilizar a quien rompe la ley, sin importar quién sea, sin criminalizar a comunidades enteras en el proceso.
Control local. Policía comunitaria. Soluciones reales.
Los vecindarios de la Florida saben lo que necesitan mejor que los políticos de Tallahassee.
La policía comunitaria funciona cuando los oficiales conocen a las personas a las que protegen. Cuando viven en las mismas comunidades. Cuando entienden que la seguridad pública no se logra con mano dura, sino con confianza mutua.
Las ciudades y los condados deberían tener el poder de diseñar programas de policía comunitaria que reflejen sus propias realidades. Tallahassee no debería imponer un modelo único. Las comunidades deberían liderar.
Eso es control local. Esa es la manera de reducir el crimen sin destruir la confianza.
Las políticas discriminatorias producen resultados discriminatorios
David Jolly habla sobre cómo las políticas importan, y cómo construir un sistema de justicia que funcione para todos.
Si rompes la ley en la Florida, habrá consecuencias.
No importa si naciste aquí, si llegaste hace décadas o si trabajas en Tallahassee. Si rompes la ley, serás responsable.
Pero ser responsable no significa aplicar la ley de manera diferente según de dónde vienes. No significa vigilancia excesiva en ciertos vecindarios y tolerancia en otros. No significa que algunas comunidades carguen con el peso de un sistema que no las trata con justicia.
La rendición de cuentas tiene que ser igual para todos. Esa es la base de un estado de derecho que funciona.
La elección no es entre seguridad y justicia.
Algunos políticos quieren que usted crea que tiene que elegir. Que para estar seguro, tiene que aceptar injusticia. Que para tener justicia, tiene que tolerar el crimen.
Eso es falso.
La Florida puede ser un estado donde las familias se sienten seguras y el sistema de justicia trata a todos con dignidad. Donde la policía y las comunidades trabajan juntas, no unas contra otras. Donde luchar contra el crimen no significa luchar contra los vecindarios.
Esa Florida es posible. Pero solo si exigimos ambas cosas a la vez.
Involúcrese en esta campaña
Esta visión para la Florida empieza con usted. Si cree que la seguridad y la justicia no son opuestos, únase a nosotros.
Únase ahoraPodemos construir una Florida más segura y más justa.
No con eslóganes. No con guerras culturales. Con políticas reales que reflejen lo que las comunidades de la Florida ya saben: que la seguridad pública y la justicia van de la mano.
Esta campaña cree que la Florida merece ambas. Que las familias trabajadoras merecen calles seguras y un sistema justo. Que el control local importa más que los mandatos de Tallahassee. Que luchar contra el crimen no requiere luchar contra las comunidades.
Esa es la Florida que podemos construir. Juntos.
Preguntas frecuentes
Q. ¿Qué significa exactamente combatir el crimen, no las comunidades?
Significa aplicar consecuencias a quienes violan la ley, pero evitando políticas que castigan a comunidades enteras por las acciones de unos pocos. El enfoque respeta a la policía y los alguaciles con control local de la vigilancia comunitaria, mientras impulsa reformas estatales de estructuras de sentencia y acusación que producen resultados racialmente dispares.
Q. ¿Qué opina sobre la vigilancia en mi comunidad?
La posición promueve el control local de la vigilancia comunitaria. Florida tiene 67 oficinas de alguaciles del condado más 250+ departamentos de policía municipales. Los mandatos estatales que anulan decisiones locales pueden socavar la vigilancia comunitaria efectiva. Los alguaciles y jefes de policía son funcionarios responsables localmente.
Q. ¿Cómo se clasifica Florida en justicia penal comparado con otros estados?
Florida se clasifica en el peor nivel en múltiples medidas. Número 1 en ejecuciones de pena de muerte en 2025 con 19 ejecuciones, el 40% del total nacional. Tercera población carcelaria más grande con 87,908 reclusos. Tasa de encarcelamiento de 382 por cada 100,000 residentes, por encima del promedio nacional de 360. Total de 337,000 personas bajo control correccional.
Q. ¿Cuál es la posición sobre la pena de muerte en Florida?
La posición se enfoca en el liderazgo de Florida en ejecuciones y el impacto desproporcionado en poblaciones minoritarias. Florida ejecutó a 19 personas en 2025, el mayor número de cualquier estado aparte de Texas en 2009. NINGÚN acusado blanco ha sido ejecutado jamás en Florida por matar a una víctima negra, mientras que el 71% de los acusados negros ejecutados mataron a víctimas blancas.
Q. ¿Qué quiere decir con corregir disparidades en el sistema?
Las disparidades están bien documentadas: los floridanos negros están encarcelados a aproximadamente 5 veces la tasa de los floridanos blancos. Los acusados negros que matan a víctimas blancas tienen 15 veces más probabilidades de recibir sentencia de muerte que los acusados negros que matan a víctimas negras. Corregir disparidades significa reforma estructural en pautas de sentencia, estándares de acusación y prácticas policiales.
Q. ¿Esto debilitaría la postura dura contra el crimen?
No, la posición mantiene explícitamente la responsabilidad para quienes violan la ley. Lo que se propone es reformar elementos estructurales que producen resultados dispares sin mejorar la seguridad pública. La ley FIRST STEP Act federal demostró que se pueden reducir sentencias para delincuentes de menor riesgo sin aumentar el crimen: la reincidencia entre liberados bajo FIRST STEP es 12.4% versus 43% para la población federal general.
Q. ¿Se abolirían las sentencias mínimas obligatorias?
La posición pide reforma del sistema, no abolición general de la responsabilidad. La ley 10-20-Life de Florida y las sentencias mínimas obligatorias por tráfico de drogas se aplican idénticamente a delincuentes primerizos y figuras del crimen organizado, sin discreción judicial. La reforma permitiría a los jueces considerar circunstancias individuales mientras se preservan consecuencias para delincuentes graves, similar a la ley FIRST STEP Act federal.
Q. ¿Qué hay de los derechos de las víctimas en todo esto?
Las víctimas y sus familias tienen intereses legítimos en la justicia y la responsabilidad. La Ley de Marsy de Florida amplió las protecciones constitucionales para las víctimas. Las propuestas de reforma mantienen la responsabilidad mientras abordan elementos estructurales que tampoco sirven a los intereses de las víctimas. Ambos intereses son servidos por una administración de justicia penal precisa, equitativa y efectiva.