¿Qué debe hacer el próximo gobernador de la Florida para apoyar a las familias en vez de perjudicarlas?

Por qué importa

En toda la Florida, las familias trabajadoras dicen lo mismo. El costo de la vida sube. Se sienten menos escuchadas. Y muchas de las leyes que salen de Tallahassee no las ayudan, las perjudican. Para algunos, esto se llama una crisis de asequibilidad. Pero para muchas familias, va más hondo. Es una crisis económica, y también es una crisis de a quién se le permite decidir.^[4]

El problema tiene un mecanismo concreto. Se llama preemption, o anulación estatal. Es cuando Tallahassee le quita a una ciudad o a un condado el poder de decidir sobre asuntos locales. En 2024, por ejemplo, la Florida aprobó la HB 433, que impide a los gobiernos locales fijar su propio salario mínimo o proteger a los trabajadores del calor.^[5] La ley estatal también prohíbe a las ciudades establecer un salario mínimo local por encima del estatal.^[6] Una y otra vez, la decisión que tomó su vecindario en Hialeah, en Kissimmee o en Doral queda anulada desde arriba.

El enfoque

La postura de David Jolly es directa: el gobierno más cercano a la gente conoce mejor sus necesidades, y Tallahassee debe dejar de bloquear a las comunidades de tomar sus propias decisiones.^[7] Es el mismo principio que él dice haber aprendido cuando era republicano en el Congreso, representando al condado de Pinellas: un partido que creía en el control local y en mantener al gobierno fuera de su consultorio médico, de su alcoba y de su comunidad.^[7] No reconoce ese principio en la Tallahassee de hoy.

El segundo pilar es respetar el voto. La Florida exige un 60% para aprobar enmiendas constitucionales, un umbral adoptado en 2006 con apenas un 57.78% del voto, es decir, con menos apoyo del que hoy exige.^[8] Ese umbral ha tumbado medidas que sí tenían mayoría: en 2024, la enmienda de derechos reproductivos alcanzó cerca del 57% y la de marihuana cerca del 56%, y ambas fracasaron.^[2] Jolly propone que, si una enmienda recibe más del 50% del voto, el gobernador debe pelear para aplicarla en nombre de la gente.^[1] La democracia directa debería ser más fácil, no más difícil.

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